Gustavo Buntinx

Mediante este documento hago de conocimiento formal cómo, por situaciones que considero arbitrarias, el equipo de profesionales encabezado por mi persona se ha visto obligado a interrumpir nuestra participación ya inscrita en el concurso para la Exposición Nacional / Perú Bicentenario, organizada por el Proyecto Especial Bicentenario (PEB).

Haremos pública esta decisión con el antecedente de la anterior declaración abierta que me fue inevitable difundir ante los silencios del PEB respecto a las definiciones y plazos del concurso desestabilizados por la emergencia política de noviembre. También debido a la imposibilidad demostrada de obtener respuestas específicas de esta entidad tanto a esa comunicación primera como a otras formalmente transmitidas por la vía electrónica establecida para ese fin en las bases del concurso. (Aquel silencio ante el primer mensaje dio más bien lugar a una manifestación del equipo de asesores del PEB que, sin embargo, declaraba “no reflejar necesariamente la postura oficial del Proyecto Especial Bicentenario”, lo cual acentuó el desconcierto).

La decisión de nuestro retiro ha sido forzada por el surgimiento de un segundo impedimento burocrático a nuestro derecho de libre y equitativa competencia, tras haber superado otro anterior, también de difícil explicación. El primer impedimento se produjo cuando, semanas después de anunciado el concurso, la publicación de sus bases evidenció que en ellas explícitamente se prohibía ejercer la función curatorial a quien no contara con la nacionalidad peruana, aún tratándose de residentes inmigrantes (en mi caso, desde los cinco años de edad).

La encuesta que entonces realizamos demostró que esta cláusula vetaba puntualmente a sólo dos profesionales en todo el país, en lo que podría interpretarse como una normativa con nombre propio, práctica no admitida por nuestro régimen legal. Así lo argumenté en los intercambios y reuniones con el PEB que durante semanas tuve que gestionar, desviando energías destinadas a la elaboración creativa de nuestra propuesta.

La justificación principal que los funcionarios ofrecieron respecto a esas restricciones era la necesidad de asegurar una presencia curatorial constante para las diversas activaciones de la exposición tras la fecha de su apertura. Hice notar que la posesión de un DNI no ofrecía garantía alguna al respecto, y que para tal fin bastaba una cláusula contractual. En ese y otros contextos revelé la identidad de algunos miembros importantes del equipo formado para nuestra participación en el concurso, con el propósito de así demostrar la seriedad del compromiso profesional asumido.

Mi reivindicación de los derechos de los inmigrantes fue finalmente atendida, con la consiguiente modificación de la norma. Sin embargo, las bases fueron también cambiadas de un modo que veta ahora ya no al curador sino a los integrantes mencionados de nuestro equipo. Ese impedimento añadido proscribe la participación de toda persona

cuya habilitación para contratar con el Estado haya sido suspendida, no sólo en el presente sino en cualquier momento del pasado. Ésta fue precisamente la situación con injusticia experimentada hace varios años por el magnífico Estudio de arquitectos con el que hemos formulado nuestro aporte al certamen. Se trata de profesionales con amplio reconocimiento por sus diseños tanto museográficos como museales. Sin embargo, en un emprendimiento antiguo se les cuestionó la firma de un ingeniero subcontratista en alguno de los centenares de planos entonces presentados.

Tras una profusa investigación, el tema fue desestimado por el propio Ministerio Público, cuya resolución definitiva exonera a los arquitectos de cualquier delito o falta, y además literalmente señala la inexistencia de perjuicio alguno contra el Estado. Quedó, sin embargo, el antecedente de una extraña sanción administrativa. Ésta ha perdido ya vigencia y el Estudio incorporado a nuestro equipo se encuentra plenamente habilitado para contratar con toda entidad pública. Sin embargo, la peculiar conjugación en tiempo pasado del impedimento añadido a las bases del concurso del PEB renueva ahora esa arbitrariedad anterior. En las propias bases además se señala que este tipo de observaciones dan lugar a que el expediente presentado al concurso no sea siquiera sometido a consideración del jurado.

Hay abogados que piensan que esta situación puede ser legalmente cuestionada. Entendemos, no obstante, que ello podría implicar alguna demora u obstáculo para la realización del concurso, y no es nuestra intención perjudicar a los demás participantes: el Perú es pródigo en talento curatorial y artístico y sin duda habrá entre las distintas propuestas varias de gran nivel, cuya realización contará siempre con nuestro aliento. Desde ese espíritu, procuraremos más bien encontrar otras maneras ––desinteresadas–– de ofrecer un aporte creativo y crítico (en el sentido reflexivo del término) a las conmemoraciones (en plural) de fechas tan

complejas como las marcadas por el bicentenario.

Por el momento, nos limitamos a hacer público este comunicado queriendo contribuir así a cierta contemplación filosófica sobre las paradojas de un Estado cuya sobrerreglamentación burocrática entorpece la libre competencia de profesionales con trayectorias significativas… sin que tales prevenciones impidan situaciones tan absurdas como las descubiertas por escándalos recientes muy comentados.

Convirtamos este avasallamiento del sentido común en una experiencia de la que podamos salir, como aconseja cierta poesía, más tristes pero más sabios.

Y derivemos de ello la lucidez necesaria para asumir los retos de construir una sociedad de veras equitativa y meritocrática. Fundamentos esenciales para cualquier noción legítima de república y de democracia.

(Redacto este documento en Lima, el 10 de diciembre del 2020, pero lo remito el 15 del mismo mes, fecha de cierre para la entrega de los proyectos concursantes. Evito así que se interprete cualquier intención de entorpecimiento a un proceso que esperamos alcance feliz culminación).